La Audiencia Provincial vuelve a poner el conflicto del Nodo en la casilla de salida

La Audiencia Provincial vuelve a poner el conflicto del Nodo en la casilla de salida

Considera suficiente el acuerdo de septiembre de 2018 para impulsar un desahucio y señala que el contrato de alquiler ha de interpretarse en conjunto

C. R. AVILÉS.

La Audiencia Provincial de Asturias reconduce el conflicto judicial que desde mayo de 2017 ha enfrentado a la Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas y varias decenas de inquilinos de sus viviendas en el barrio del Nodo. La sentencia comunicada el martes a las partes considera suficiente el acuerdo de septiembre de 2018 para impulsar una demanda de desahucio, sin necesidad de contar con la ratificación de la Junta General, y señala que no se puede resolver ninguno de estos contratos de arrendamiento ciñéndose a una única cláusula de un documento que debe ser interpretado en su conjunto.

En opinión del abogado de los inquilinos, Manuel Barba, es una «sentencia muy importante» alineada con la posición que él lleva defendiendo desde el inicio del conflicto y que aboca a las partes a llegar a «acuerdos que den seguridad jurídica tanto a la cofradía como a los ocupantes de las viviendas». Él propone recurrir a instrumentos de mediación extrajudicial. «La Audiencia nos da la razón», aseguró ayer a los afectados.

No lo ve así el secretario de la Cofradía de Pescadores, Alejandro Álvarez, que interpreta que la Audiencia «ni entra al fondo del asunto ni zanja este tema» y lo que sí provoca es su reconducción hacia «un procedimiento ordinario en lugar de verbal». Es decir, un proceso que «ofrece más garantías visto el enrocamiento del caso». De momento, la entidad estudia cómo articular de nuevo el mismo.

La Cofradía asegura que la sentencia «ni entra al fondo del asunto ni zanja este tema»

Según la Audiencia Provincial, «el contrato interpretado en su conjunto no puede ser entendido en el sentido que pretende la parte demandante, de duración de un mes y sometido a la tácita reconducción mensual. Estamos ante un contrato de arrendamiento que se configura como un instrumento para que los miembros de la Cofradía disfruten de la vivienda de la que tal ente es titular, independientemente del tiempo transcurrido y mientras sus miembros mantengan las condiciones fijadas contractualmente».

El órgano judicial considera que la Cofradía es consciente de ello y plantea «la pérdida de la condición de socio del demandado. Aspectos que ocupan, en gran medida, las alegaciones de las partes y prueba practicada. (...) Ha de rechazarse por ser este un procedimiento inadecuado a tal efecto». En palabras de Alejandro Álvarez, «de la propia sentencia se deriva algún incumplimiento», por lo que seguirán tratando de demostrar que hay inquilinos que han perdido la condición de socio.

 

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